Una noticia ha remecido a la comunidad científica este mes. A pesar del respaldo brindado por la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), el día 10 de mayo la genetista María Gisella Orjeda Fernández finalmente pudo dejar el cargo como presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). En declaraciones para el diario La República, dijo: “Presenté mi renuncia el 16 de diciembre debido a las negativas del MEF de financiar las Bases de Datos de bibliografía científica que cuesta 11 millones anuales y es un elemento indispensable si queremos reformar la Universidad en el Perú”.

Las bases de datos a las que hizo referencia son Scopus y ScienceDirect, ambas distribuidas por la editora transnacional Elsevier. Mientras duró la suscripción, el acceso fue gratuito para todas las universidades peruanas, tanto públicas como privadas, las cuales hicieron uso de estas bases de datos durante su proceso de licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y acreditadoras internacionales.

El día de su renuncia definitiva Orjeda mencionó en un comunicado publicado a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: “Los peruanos debemos recuperar a la Universidad como productora de conocimiento y como productora de personas altamente calificadas”. Por tal motivo, durante su gestión se implementó Alicia (Acceso Libre a Información Científica para la Innovación), portal que integra a los repositorios digitales de las instituciones de educación superior del país y centros de investigación. Los bibliotecólogos tuvieron y tienen un papel relevante en la concreción de dicha política. Además, se creó el DINA (Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores), entre otros.

No obstante, su renuncia obedece más a un hostigamiento político, según ha manifestado en otras ocasiones a la prensa. Ha sido acusada de 22 irregularidades mientras estuvo a la cabeza del Concytec, siendo la denuncia más mediática la de un presunto delito de responsabilidad administrativa funcional, que tiene que ver con la subvención económica de los proyectos científicos de un socio de la empresa Genome Technology & Chemical Analysis S.A.C. (GTCA), de la que fue fundadora.

Orjeda responderá por estas imputaciones ante la Contraloría General de la República. Si es hallada no culpable, entonces será claro que detrás están las bajezas políticas que pretenden satisfacer sus intereses antes que aportar al desarrollo científico-tecnológico de la nación.

Por el momento, Concytec está en manos de Anmary Guisela Narciso Salazar, quien fue Secretaria General de dicha institución.

César Antonio Chumbiauca